Federalismo, inversiones y desarrollo territorial, los ejes del debate sobre la minería argentina

El panel reunió a la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación, Pamela Verasay; a la diputada nacional por Catamarca, Fernanda Ávila, y al diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri. Allí, analizaron cómo fortalecer la articulación entre Nación y provincias, promover el compre local y generar condiciones para que la actividad impulse las economías regionales.

En el marco de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026, se desarrolló el panel “Cómo funciona el marco normativo de la minería en Argentina desde una mirada federal”, un espacio de análisis sobre los desafíos regulatorios del sector, la seguridad jurídica para las inversiones y la necesidad de fortalecer la articulación entre Nación y provincias.

El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación, Pamela Verasay; la diputada nacional por Catamarca, Fernanda Ávila; y el diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri. La moderación estuvo a cargo del periodista Marcelo Torrez.

Durante su intervención, Verasay sostuvo que Argentina cuenta con avances legislativos importantes para el desarrollo de la actividad, a partir de la Ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería y la actualización del marco normativo vinculado a la Ley de Glaciares. Sin embargo, planteó la necesidad de adecuar las regulaciones a las nuevas demandas del sector y al rol que desempeñan actualmente las provincias.

En ese sentido, señaló que el federalismo no debe interpretarse como una fragmentación de criterios, sino como una oportunidad para coordinar y compatibilizar las distintas normativas. “Para mí el federalismo, más que una fragmentación, necesita de todos nosotros todo el tiempo poder coordinar para que no haya 24 sistemas distintos, sino de alguna manera alinear y compatibilizar”, expresó.

Asimismo, consideró que las mesas de trabajo sectoriales representan una herramienta para avanzar en esa dirección y mencionó las experiencias de articulación en torno al litio, el cobre y los proveedores mineros.

Por su parte, Ávila abordó la importancia de contar con reglas claras y previsibles para atraer inversiones, a partir de su experiencia al frente de la Secretaría de Minería de la Nación. Al respecto, recordó que los inversores internacionales suelen consultar cómo funciona el sistema argentino y qué diferencias regulatorias pueden encontrar entre las provincias.

La legisladora explicó que el Código de Minería establece un marco general que contribuye a dar uniformidad, aunque cada jurisdicción conserva particularidades en su gestión. En ese contexto, destacó el trabajo de las mesas de coordinación como ámbitos para identificar oportunidades de mejora y avanzar hacia criterios compartidos.

Como ejemplo, se refirió al trabajo que se realiza en la Mesa del Litio, que reúne a Catamarca, Salta y Jujuy, y al informe solicitado al organismo internacional de cooperación técnica IGF para analizar los marcos normativos de las tres provincias y formular recomendaciones.

“Realmente pensar en la seguridad jurídica, pensar en la necesidad de dar tranquilidad al inversor, pero también pensar que estamos trabajando con normas que son de otra época”, sostuvo Ávila, quien consideró que el debate minero en Argentina alcanzó un grado de madurez que permite identificar los ajustes necesarios para mejorar el ecosistema normativo.

También hizo referencia a la conformación de la Mesa del Cobre y destacó su potencial para profundizar el trabajo conjunto entre las jurisdicciones.

A su turno, Nieri analizó el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró una herramienta extraordinaria para generar condiciones que permitan desarrollar proyectos de gran escala. En ese sentido, mencionó que ya existen más de 200.000 millones de dólares en proyectos aprobados o en evaluación.

No obstante, planteó que el desafío es extender las condiciones de previsibilidad y competitividad a toda la economía y a las actividades que integran la cadena de valor minera. “Argentina tenía que tender a ser un gran RIGI”, afirmó y explicó que el régimen ofrece certezas en materia impositiva, disponibilidad de divisas, distribución de dividendos y mecanismos para resolver controversias.

El diputado también señaló que la estabilidad de las reglas debe sostenerse en el tiempo para recuperar y consolidar la confianza de los inversores. En ese sentido, remarcó la importancia de construir consensos amplios que permitan dar continuidad a las decisiones legislativas y evitar cambios permanentes en las condiciones para invertir. “Lo que tenemos que lograr es reafirmar al inversor permanentemente”, expresó.

Transparencia, comunicación y participación

Durante el intercambio también se abordaron la transparencia, el seguimiento y el control de los recursos, así como la necesidad de comunicar con mayor claridad a la sociedad los mecanismos de gestión y los beneficios de la actividad minera. Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer la licencia social mediante una mayor apertura del diálogo y el trabajo coordinado entre las provincias, la Nación y los distintos espacios sectoriales.

Otro de los ejes fue la distribución de la renta minera y su impacto en el desarrollo territorial. En ese punto, Nieri planteó que “primero es necesario consolidar el crecimiento de la actividad y generar las condiciones para desarrollar todo su potencial, para luego profundizar la integración de la cadena de valor y lograr una distribución más equilibrada de sus beneficios entre las provincias”.

También se analizaron las experiencias de Catamarca en materia de fideicomisos mineros y las herramientas para fortalecer el compre local. Sobre este último aspecto, Verasay señaló la importancia de impulsar el liderazgo de las comunidades y promover mecanismos que permitan ampliar la participación de proveedores locales, mediante incentivos, financiamiento y acompañamiento del Estado.

El panel permitió poner en común distintas perspectivas sobre el marco regulatorio de la minería argentina y los desafíos de avanzar hacia un sistema que combine seguridad jurídica, coordinación federal, desarrollo de proveedores y una distribución de oportunidades que contribuya al crecimiento de las economías provinciales.