En la segunda jornada del encuentro, representantes de Teck Resources, BHP, Impulsa Mendoza y la Subsecretaría de Ambiente expusieron cómo incorporan criterios de sostenibilidad desde las primeras etapas de los proyectos mineros. El panel abordó el potencial exploratorio de Barroso Montura, en San Rafael, y el papel de los controles ambientales, la participación ciudadana y los proveedores locales.
La elaboración de líneas de base antes de iniciar los trabajos de exploración, el seguimiento ambiental en el territorio y la preparación de los proveedores locales fueron los temas centrales del panel “La sostenibilidad como eje de la cadena de valor minera”. La actividad se realizó este viernes 20 de noviembre, durante la segunda jornada de la II Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, en el Hotel Hilton de Guaymallén. El encuentro fue organizado por el Gobierno de Mendoza e Impulsa Mendoza.
Barroso Montura y los primeros pasos de la exploración
Andrés Castillo, gerente de Exploraciones Chile-Argentina de Teck Resources, explicó que la compañía lleva cerca de 3 años estudiando la franja geológica del Mioceno en la cordillera argentina. El proyecto de exploración de cobre Barroso Montura, anunciado el jueves 19 por el Gobernador Alfredo Cornejo, se encuentra en San Rafael, a unos 50 kilómetros al este de la mina chilena El Teniente, según precisó el disertante.
Castillo señaló que el equipo identificó potencial geológico en una zona donde, según indicó, no se realizan exploraciones desde la década de 1990. Aclaró que la cercanía con El Teniente es una referencia geológica y que los trabajos permitirán evaluar el potencial propio de Barroso Montura.
El representante de Teck también se refirió al trabajo con el Gobierno provincial, las autoridades y empresas locales y las universidades. “Estamos conectándonos con las universidades e intentando colaborar desde las etapas más tempranas para desarrollar la mejor línea base posible desde los inicios”, expresó.
Por su parte, Marian Moroney, directora de Exploración de Cobre de BHP, describió la experiencia de la compañía con un sistema de control geológico aplicado a las perforaciones. Según explicó, la herramienta permitió mejorar la tasa de éxito de las actividades de exploración, reducir su impacto ambiental y fortalecer la relación con la comunidad.
Infraestructura, financiamiento y proveedores mendocinos
Sofía Raich, coordinadora de Administración, Finanzas y Sostenibilidad de Impulsa Mendoza, explicó que la preparación de los distritos mineros requiere anticipar decisiones que pueden tomar años. Además de reunir información sobre el potencial geológico, la empresa analiza qué infraestructura necesita cada proyecto, qué capacidades tienen los proveedores y qué condiciones de financiamiento permitirían avanzar.
Raich señaló que Impulsa Mendoza aplica criterios de sostenibilidad al momento de licitar proyectos, realizar compras e identificar áreas de interés minero. Entre las iniciativas para fortalecer la cadena de valor, mencionó el trabajo con la red provincial de proveedores y la presencia territorial de la empresa mediante oficinas en Uspallata y Malargüe.
Evaluación ambiental, controles en campo y participación ciudadana
Soledad Barros, coordinadora general de la Subsecretaría de Ambiente, describió 3 componentes del trabajo de la autoridad ambiental minera. El primero es la evaluación de los proyectos a partir de los estudios de impacto ambiental, que deben identificar los efectos previstos y las medidas para mitigarlos. Distintos organismos intervienen durante ese proceso, que permite establecer las condiciones ambientales que deberá cumplir la empresa.
El segundo componente es el seguimiento en cada etapa del proyecto. Barros explicó que la Policía Ambiental Minera realiza inspecciones para contrastar en el terreno lo declarado en la documentación y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.
El tercer componente es la participación ciudadana desde la presentación del proyecto, con instancias de información, talleres y audiencias públicas. Como ejemplo, Barros citó la audiencia pública del proyecto San Jorge, que se extendió durante 10 días y en la que participaron más de 3.800 personas, según indicó.



